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La mancha de la justicia: ‘Operación Estrobo’

20 Abr 2016 00:04
Club de Remo Urdaibai

Club de Remo Urdaibai | Página web Urdaibai Arraun

El 29 de febrero publicábamos que un médico de familia, adscrito a un centro de salud en San Fernando (Cádiz), era condenado a seis meses de cárcel y dos años de inhabilitación por un delito de dopaje. El galeno dotaba de medicamentos de tipo anabolizantes a un paciente que acudía regularmente al gimnasio, sin que existiera justificación terapéutica para ello. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz aclaraba que el médico –al prescribir los medicamentos sin sufrir el paciente patología alguna que lo justificara– ponía en peligro su salud.

Este lunes, la Audiencia Provincial de Vizcaya confirmaba el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao de noviembre de 2015, por el que se absolvían a todos los acusados de la “Operación Estrobo”, incluyendo al presidente y el entrenador del Club de Remo Urdaibai, dos médicos y dos enfermeras, entre quienes se encontraba Marcos Maynar, sancionado gravemente por la Agencia Mundial Antidopaje e incluido en la Lista de Asociación Prohibida hasta el 18 de octubre de 2019.

Según la Audiencia Provincial no se puede acreditar ni el efectivo suministro a los remeros, ni el peligro para la vida o la salud de los mismos. Además, insiste en que no basta la acreditación de la adquisición por los acusados de determinados medicamentos, sino que ha de quedar suficientemente probado a quién se suministraron tales sustancias, la condición de estas personas, la situación física de quienes las recibieron y los efectos negativos de los medicamentos adquiridos.

Sentencia radicalmente contraria al artículo 362 quinquies del Código Penal, que dice así:

1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años.

 

2. Se impondrán las penas previstas en el apartado anterior en su mitad superior cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

 

1.ª Que la víctima sea menor de edad.

 

2.ª Que se haya empleado engaño o intimidación.

 

3.ª Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional.

‘Operación Estrobo’: actividad delictiva probada

Aparentemente, en la “Operación Estrobo” se han dado todos los elementos previstos en el Código Penal para la calificación de la actividad de diferentes miembros del club deportivo como delictiva.

En primer lugar, la adquisición de las sustancias dopantes y medicamentos que llegaban al club no respondía a ninguna justificación terapéutica.

En segundo lugar, resulta evidente, según el Código Penal, que la simple facilitación u ofrecimiento a los deportistas de productos farmacológicos o sustancias dopantes ya constituye una conducta que debe calificarse como ilícita dentro del ámbito penal. El hecho de que las sustancias y los medicamentos fuesen destinados a los deportistas es una consecuencia lógica que se deriva del hecho de que los mismos eran adquiridos directamente a nombre del club deportivo, por personas que ejercían una labor directiva, técnica o médica dentro de ese mismo club –cuya función estatutaria principal es la participación en competiciones deportivas y que está formado para su fin social exclusivamente–, además de por el personal de apoyo mencionado anteriormente, por los propios deportistas. Si unos eran los compradores, ¿quiénes eran los consumidores?

Además, testimonios de algunos remeros, como el de Andrei Banica, que denunció públicamente haber recibido amenazas y agresiones por no querer someterse al supuesto plan de dopaje impuesto dentro del Club Urdaibai, debieron servir para confirmar el objeto con el que se adquirían estas sustancias.

Club de Remo Urdaibai. Temporada 2013

Club de Remo Urdaibai. Temporada 2013

Hay que recordar que el Programa Mundial Antidopaje otorga un gran valor a las declaraciones de los deportistas –verdaderas víctimas en estas tramas de dopaje– que son fomentadas desde las organizaciones, como se demostró previamente en otros casos como el de la RDA alemana, o los más recientes casos del equipo ciclista US Postal o el dopaje de estado en Rusia.

“No acreditación del peligro concreto para la salud o la vida de los deportistas”

Respecto a esta afirmación de la Audiencia Provincial de Vizcaya, debemos tener claro que uno de los pilares fundamentales de la lucha contra el dopaje es la elaboración de una lista de sustancia prohibidas –por un comité técnico de expertos internacionales– en atención, precisamente, a criterios de peligro para la salud de los deportistas y mejora para su rendimiento físico.

Entre las prácticas de dopaje más frecuentes se encuentra la utilización de sustancias que por sus fuertes efectos sobre la salud se limita su dispensación al ámbito hospitalario, además del consumo de medicamentos adquiridos en oficinas de farmacia, medicamentos que ni siquiera están autorizados en España, productos falsificados o productos directamente adquiridos a través del mercado negro, todos ellos ofrecidos y obtenidos por los deportistas fuera del circuito legal y en conexión con una actividad ilícita, en muchas ocasiones criminal.

¿Se podría poner en duda que dichos productos, consumidos sin ningún control ni justificación terapéutica, ponen en riesgo la salud de los deportistas?

Por otro lado, si lo que se debe probar es el peligro concreto para la vida de los deportistas, sería mejor no haber previsto un delito específico de dopaje, puesto que el homicidio o la tentativa de homicidio ya se encuentran regulados desde hace mucho más tiempo en el Código Penal.

Los efectos negativos sobre la política antidopaje

En febrero de 2007, el Gobierno de España asumió un compromiso con la política internacional antidopaje al ratificar la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, lo que se acompañó de una regulación interna específica en materia de protección de la salud de los deportistas, actualmente a la espera de una nueva modificación para su completa adaptación al Código Mundial.

Esta política se acompañó, en el ámbito legislativo, de otros elementos que fomentaran una lucha integral contra el dopaje en el deporte, como la creación de un tipo penal específico contra el dopaje, la existencia de una legislación administrativa completa para la supervisión y control de los medicamentos, el establecimiento de un solo organismo centralizador de todas las funciones en materia de dopaje, o la puesta en marcha de mecanismos de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales.

Precisamente, una de las modificaciones más efectivas que introdujo la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (LOPSD), en su artículo 33, fue la creación de un mecanismo específico que permitiese la colaboración entre la Organización Nacional Antidopaje y las autoridades judiciales, con el fin de que cualquier actividad relacionada con el dopaje en el deporte pudiese sancionarse, según correspondiese, tanto en el ámbito penal como en el deportivo.

Así, el propio sometimiento de ciertos hechos relacionados con el dopaje, casi en exclusiva, al ámbito criminal, así como la introducción del artículo 33 en la LOPSD, concede a la justicia un papel fundamental en la lucha contra el dopaje, asumiendo las autoridades judiciales una importante responsabilidad en la protección de la salud de los deportistas.

Todos los que formamos parte del movimiento deportivo en España debemos exigir –con el supuesto de la independencia de poderes– que el empuje antidopaje sea acompañado por una acción judicial coherente, uniforme y efectiva respecto a la protección de los principios fundamentales en los que se basa la política internacional antidopaje, de la que España es parte activa.

Conclusión

La resolución de la “Operación Estrobo” supone un gigantesco paso atrás para la credibilidad de nuestro sistema y para la lucha contra el dopaje, además de creer un precedente histórico, que lógicamente afecta negativamente a los esfuerzos de las autoridades competentes y a la confianza que los deportistas limpios depositan en el sistema. Y todo ello a la espera de la resolución definitiva de la “Operación Puerto”, que pondrá el foco de atención internacional sobre la justicia española.

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